Existe un sentimiento generalizado entre la población mexicana de depresión, de tristeza, de desesperanza. ¿Cómo no estarlo? Tenemos problemas económicos y de seguridad pública sobre nosotros, día y noche sin descansar; así como la constante presión mediática por las figuras políticas que luchan por robar cámara y tumbarle a Peña Nieto algo de popularidad. Pero, sobre estos problemas, existe una perspectiva que, estoy seguro, no escapa a los oídos (o pensamientos) de la mayoría: la falta de religiosidad.
Para los más fervientes feligreses de cualquier religión, el hombre se corrompe porque no tienen miedo de Dios y, por ello, no acatan los principios morales básicos. El argumento es cierto: día a día, el hombre tiene menos miedo de Dios; cuantimás del infierno. La gente está dejando de creer porque, no importa cuán apegado a las normas sea, siempre puede morir en fuego cruzado. Además, con los problemas económicos, la instrucción religiosa que se daba en casa se ha ido perdiendo porque los padres no tienen tiempo para hablar con sus hijos. Ante esta situación, un líder religioso se ha decidido a actuar.
En el estado de Guanajuato, el gobernador Oliva Ramírez se ha aliado con el arzobispo José Guadalupe Martín Rábago para proponer un debate en el cual se discuta el principio de la educación laica. Éste último, arguye que es necesario que “la libertad religiosa” debe alcanzar a las escuelas públicas; aunque, sinceramente, no habría mucha libertad, en todo caso, si se va a impusiera el catolicismo como religión en las escuelas.
Pero si queremos hablar de libertades civiles y religiosas, tenemos que considerar una relación tripartita conformada por Estado, Iglesia e individuo. A lo largo de la historia, las tres partes de esta relación, han tenido interacciones muy interesantes que han resultado en el establecimiento de normas entre ellos. En algunas de estas interacciones encontramos a la Iglesia como protectora del individuo frente al Estado opresor; en otras, vemos al Estado como protector del individuo frente a la Iglesia (siendo bajo estas circunstancias en las que se generan mayor libertad de conciencia); pero también se han contemplado interacciones desfavorables en las que el Estado se vuelve el brazo de la Iglesia y las libertades del individuo disminuyen.
Siendo así las cosas, deberíamos recordarle a Juan Manuel Oliva Ramírez que la separación Iglesia – Estado está sumamente marcada y establecida en el Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. […]
¿El arzobispo de León quiere hablar sobre libertad religiosa? Es evidente que no ha leído con atención el artículo 24 constitucional:
Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que
extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.
Eso, sin mencionar lo que claramente establece el artículo 3ero constitucional:
Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Por lo tanto, el gobernador deberá reconsiderar sus acciones puesto que atentan contra los principios que la Constitución Política establece. Él no es una autoridad religiosa como para representar y darle voz institucional a la Iglesia; es un servidor público que juró, y está obligado, a defender y hacer valer las leyes nacionales y estatales.
Los obispos católicos han argumentado que México está obligado a incluir la instrucción religiosa en las escuelas públicas porque los tratados internacionales que nuestro país ha firmado afirman el derecho de los padres a educar a sus hijos. Aparentemente, estos obispos no están informados sobre los múltiples colegios privados (o particulares) donde se les da instrucción religiosa a los niños. Los padres tienen la opción de inscribir a sus hijos en una escuela pública, donde la educación es laica; o en un colegio privado afín a sus creencias religiosas. Entonces, que me digan, ¿dónde se coarta la libertad de creencias? ¿Dónde se viola el artículo 24 constitucional? El Estado mexicano debe vigilar que esta libertad sea garantizada, esto no quiere decir que el Estado sea quien deba impartir la educación religiosa.
No me resulta extraño que a los dirigentes religiosos no le basten sus propias escuelas y se quieran adueñar de las públicas, pues son tan codiciosos como cualquiera al final. Lo preocupante, en realidad, es que sea el gobernador de un estado libre, laico y soberano quien encabeza el movimiento. ¡Focos rojos!
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